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Brasilia – Las autoridades liberaron a más de un millar de trabajadores de una finca cañera en el estado amazónico de Pará, en la mayor operación hasta ahora por rescatar a obreros de condiciones similares a la esclavitud.

Los propietarios de la finca negaron las malas condiciones alegadas por las autoridades.

El Ministerio del Trabajo explicó que la operación se cumplió en una hacienda del municipio de Ulianópolis, en la amazonía brasileña.

La empresa es la mayor fabricante en Pará de alcohol combustible, el nuevo gran rubro que Brasil promociona internacionalmente como alternativa menos contaminante y más barata al petróleo.

"Todo falso. Nunca tuvimos ese tipo de problemas", dijo Fernao Zancaner, director adjunto de Pagrisa, compañía propietaria de la hacienda.

Según Zancaner, la empresa cuenta con 1,800 empleados, 800 de ellos dedicados a cortar caña, con salarios mensuales que estarían entre 360 y 412 dólares.

El ministerio no quiso comentar los detalles del caso, pero explicó que fueron rescatados de la finca 1,108 trabajadores que laboraban desde las 4 a.m. hasta el fin del día, con un breve intervalo para el almuerzo, dormían hacinados y sin acceso a baños, con cañerías al aire libre y pagaban su comida y sus medicinas, entre otros descuentos que hacían que sus salarios quedarán reducidos a unos cinco dólares al mes.

"Delante de la situación encontrada y de común acuerdo con el representante del Ministerio Público del Trabajo, todos los trabajadores concordaron en ser retirados de la propiedad. Los dueños de la empresa acataron la decisión y ya están adelantando los pagos de indemnizaciones", indicó el ministerio.

Los pagos ascenderían en total a 1.8 millón de reales (unos 927,000 dólares), dijo un despacho del servicio oficial de noticias Agencia Brasil.

"Las personas dormían unas sobre otras, en hamacas", dijo Humberto Célio, auditor y coordinador del llamado Grupo Móvil de Fiscalización de Trabajo Esclavista del ministerio. Según el testimonio de algunos de los obreros, "estaban allá con la perspectiva de encontrar una situación mejor y poder mandar dinero a suscasas", dijo Célio.

Zancaner confirmó que efectivamente los obreros dormían en hamacas "pero eso es normal por esta región y el ministerio lo sabe y lo reglamenta". Negó que los trabajadores no cobraran sus salarios o que comieran alimentos en mal estado, además de los otros señalamientos.

El auditor Célio dijo que los trabajadores eran transportados en la finca en un viejo autobús y que a veces debían caminar por horas de regreso a sus alojamientos debido a fallas en el transporte.

En Brasil cientos de trabajadores laboran en remotas regiones y están obligados a vivir en tiendas de campaña, sin piso, sin agua corriente, ni electricidad, y muchas veces no reciben salarios porque lo deben todo al propietario de la finca.

El código penal brasileño define el trabajo degradante como el empleo de personas en contra de su voluntad, haciendo uso de coerción o recursos, incluso endeudamiento forzado en tiendas privadas o amenazas a miembros de la familia.

Las leyes brasileñas contemplan penas de dos a seis años de cárcel y el pago de multas mínimas de unos 128 dólares por cada trabajador encontrado en esas condiciones.