Farmers Branch – Una nueva ley intenta convertir a los administradores de propiedades en agentes de inmigración con la exigencia de que verifiquen el estatus migratorio de los arrendatarios, dijo el martes una asociación de departamentos.

El concejo de Farmers Branch aprobó por unanimidad que los administradores y dueños de propiedades verifiquen el estatus migratorio o de ciudadanía de los arrendatarios de departamentos.

Desde el 12 de enero, cada persona en un departamento tendrá que presentar documentación cuando alquile o renueve.

"Los administradores de departamentos no son una agencia policial y no debemos ser responsabilizados por la ley migratoria", dijo Gerry Henigsman, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Departamentos de Dallas Metropolitana.

"No es correcto que un gobierno diga a la industria privada: 'Dejamos esta responsabilidad sobre sus hombros' ", se lamentó.

El concejal Tim O'Hare, que dirigió el esfuerzo antiinmigrante, dijo que los complejos de vivienda ya exigen que las personas llenen formularios y revelen su número de Seguro Social.

Dijo que alojar indocumentados es un delito y piensa que la ley incluye a los departamentos.

"Si están preocupados de que vayan a perder ganancias porque no podrán alquilar a los ilegales, lamento que no se beneficien de las actividad que están en contra de la ley", dijo O'Hare.

La ciudad tiene 14 complejos de apartamentos con 2,490 unidades y dos complejos más bajo construcción.

La ordenanza obliga a los propietarios de negocios y arrendadores a evaluar diferentes documentos para determinar si una persona está en el país de manera legal, explicó Marisol Pérez, abogada del Fondo Mexicoamericano Educativo y Defensa Legal (Maldef).

"Pensamos que es muy peligroso poner a los arrendadores en esta posición", dijo Pérez.

Abogados de Maldef dijeron a los concejales antes de la votación del lunes que estarían violando las leyes federales, que impiden claramente la discriminación en asuntos de vivienda.

"Este tipo de medidas pueden afectar de forma injusta a los hispanos y personas que luzcan diferentes o que tengan un acento", dijo Pérez.

El gobierno federal tiene la autoridad de regular la inmigración y Farmers Branch no tiene la potestad de hacerlo, aseguró Rose Villazor, profesora adjunta de la facultad de derecho Dedman en Southern Methodist University.

Las regulaciones federales exigen que las personas que habitan en viviendas públicas sean ciudadanos o residentes legales.

Si un miembro de la familia o persona que reciba asistencia de vivienda pública federal no es ciudadano o residente legal permanente, la familia puede continuar en la vivienda pública por una cuota prorrateada, explicó Villazor.

Sin embargo, la ordenanza de Farmers Branch trata de ir más allá de las provisiones federales para regular al sector privado, desde empresas de administración de departamentos hasta propietarios de lugares pequeños, diciéndoles a quién pueden alquilar o no, aseguró Villazor. "Es un gran control sobre los derechos de propiedad de las personas", dijo.

La asociación cree que la ordenanza detendrá el mercado de alquileres y ocasionará que los inquilinos se vayan a otras ciudades. Los propietarios se podrían ver afectados por el final de contratos de alquiler, indicó Villazor.

Para cumplir con la ordenanza, familias enteras tendrían que proveer documentación como una partida de nacimiento o pasaporte para cada miembro. Si una persona no puede demostrar su condición legal, se podría prohibir alquilar a la familia entera.

"Como inquilino también tengo derechos de propiedad. ¿Qué hay de mi relación con mi familia? ¿Mi derecho de asociación?", preguntó Villazor.

La ordenanza es parte de una serie de reglas contra la inmigración de indocumentados aprobadas el lunes, que buscan sacar a los inmigrantes de Farmers Branch. El concejo votó por 6 a 0 sin discusión el lunes y recibió comentarios del público después.

Las autoridades de Farmers Branch dicen que los requisitos de ciudadanía e inmigración para los complejos de departamentos son absolutamente necesarios para proteger al público.

El concejo planea evaluar la provisión de alquiler seis meses después de que entre en efecto y considerar su revisión o expansión para las residencias que no están en alquiler.

Más de 50 municipios de todo el país han considerado, aprobado o rechazado leyes similares, pero hasta ahora la tendencia no había llegado a Texas.

Este año, una medida en Hazleton, Pa., aprobó multas a propietarios que alquilen residencias a indocumentados, rechazos de permisos de negocios a compañías que los contraten y exigió que los inquilinos se registren y paguen un permiso de alquiler.

Un juez federal obstaculizó temporalmente el cumplimiento de la ordenanza de Hazleton mientras considera una demanda contra la ciudad presentada por el Fondo de Defensa y Educación Penal de Puerto Rico, la Unión de Libertades Civiles y otros grupos.