Un juez federal en Amarillo negó la petición de un sindicato para emitir una orden judicial temporal a favor de los trabajadores atrapados en las redadas migratorias en la empacadora de carne Swift & Co., señalando que ya son 331 víctimas las que se han quejado de robo de identidad por parte de los detenidos.
La jueza Mary Lou Robinson negó la petición del Local 540 del sindicato de la United Food & Commercial Workers, con sede en Dallas, el cual asevera que 13 empleados no habían recibido acceso a asesoría legal, entre otras cosas.
En el fallo, que contenía muchos detalles selectivos sobre las redadas, la jueza Robinson indicó que los 13 demandantes usaron identidades falsas. Y que una mujer que no fue nombrada enfrentaba cargos por robo de identidad agravado.
"El robo de identidad no es un delito sin víctimas. Los individuos cuyas identidades han sido robadas han enfrentado la imposición de recaudación de deudas, negación de crédito, bancarrota obligada... y otras tensiones y daños económicos serios", escribió Robinson.
La jueza luego señaló declaraciones anteriores en el caso de Swift, que ahora revelan que 331 habían sufrido robo de identidad a manos de empleados de Swift. "El interés público sería perjudicado si se otorgara la orden temporal de restricción".
La jueza señaló que cuatro de los demandantes nombrados por el sindicato habían regresado a México en un proceso conocido como deportación voluntaria. De hecho, después de la redada de Cactus, alrededor de 80 detenidos, o casi un tercio de los casi 300 trabajadores aprehendidos en ese poblado del noroeste de Texas, pidieron la deportación a México. El siguiente día, el 13 de diciembre, esos empleados fueron regresados a México.
Pero la frontera de 2,000 millas entre Estados Unidos y México es tan porosa que dos de los deportados fueron aprehendidos en Arizona tratando de reingresar a Estados Unidos, según un pie de página en la orden de Robinson. La jueza también sostuvo que los detenidos tenían suficiente acceso a teléfonos públicos para contactar a familiares y conseguir pruebas de su condición legal, o hacer otras llamadas. Algunos trabajadores también tenían teléfonos celulares, indicó.
No se pudo obtener la reacción del sindicato la tarde del jueves.
Una de las quejas principales del sindicato UFCW y grupos defensores de los inmigrantes ha sido que se le ha negado el acceso a abogados a los detenidos. UFCW representa a trabajadores de cinco de las seis plantas en las que hubo redadas. Funcionarios del sindicato lo dijeron en días pasados, antes de poder hablar con los detenidos, y muchos ya habían optado por la deportación voluntaria.
El jueves, la presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos arremetió contra las redadas, llamándolas "inhumanas". LULAC y otros grupos defensores de los hispanos están pidiendo una moratoria en las redadas, sosteniendo que es probable una reforma migratoria completa y un programa de legalización en el 2007.
Rosa Rosales, presidenta de LULAC, añadió que "nadie ha hecho acusaciones de que la gente detenida... sean terroristas".
Por otra parte, la Oficina de Inmigración y Aduanas dijo el jueves que alrededor de 15 por ciento de los empleados involucrados en las redadas de Swift, las más grandes en la historia reciente, han sido acusados formalmente. Aproximadamente 200 personas ahora enfrentan cargos delictivos, la mayoría por robo de identidad, según Marc Raimondi, portavoz de ICE en Washington, DC.
Los casi 1,300 empleados detenidos también enfrentaban procesos por su estadía ilegal en los Estados Unidos.
Swift es el tercer procesador de carne más grande del país y pertenece a HM Capital LLC, con sede en Dallas, y Booth Capital Management Corp.
Solís escribe para The Dallas Morning News.
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