A finales del mes pasado, los dos grupos demandaron a la ciudad bajo el argumento de que una ordenanza de Farmers Branch que sanciona económicamente a aquellos que arrienden vivienda a indocumentados viola libertades fundamentales de los inquilinos y los arrendatarios, así como leyes de inmigración.

El 13 de noviembre, el concejo de Farmers Branch aprobó esa ordenanza, declaró el inglés como el idioma oficial de la municipalidad y determinó estudiar la inclusión de su policía en un programa federal para identificar a extranjeros buscados por la justicia.

El lunes el concejo determinó que la ordenanza relativa a la vivienda será sometida al voto de los electores en los comicios municipales del 12 de mayo, pero a pesar de ello el reglamento entrará en vigor el viernes.

Además de la demanda de MALDEF, la ciudad tiene otras dos demandas en su contra por la ordenanza 2892. Una de ellas proviene del residente Guillermo Ramos, quien asegura que la votación de la ordenanza fue precedida por una reunión que violó el Acta de Reuniones Públicas de Texas. Una más interpuesta por tres asociaciones de arrendadores indica que la aplicación de la ordenanza los obligará a actuar como agentes de inmigración.

Un grupo de comerciantes ha anunciado su decisión de interponer una demanda por la afectación económica que han sufrido a partir de todo el debate de la propuesta.

El juez no tiene una fecha límite para determinar si procede o no la orden preventiva solicitada por MALDEF.

Sandoval escribe para The Dallas Morning News. Con información de archivo.