Un error de internet dejó a Kathleen Ann Casey en la calle.

Dos años sin trabajo, su asistencia por desempleo agotada y en peligro de perder su apartamento, Casey solicitó empleo en una farmacia.

Le ofrecían $11 la hora. Todo lo que tenía que hacer era pasar una verificación de antecedentes.

La revisión de fuentes a través de internet encontró 14 cargos penales. Kathleen Casey había sido acusada de latrocinio en un fraude en el que se habían utilizado cheques y tarjetas de crédito falsificados.

Había un detalle técnico. La compañía que realizó la revisión, First Advantage, se equivocó de mujer.

El expediente correspondía a Kathleen A. Casey, que vive en otra ciudad y es 18 años más joven.

Casey, la aspirante a técnico farmacéutica, no tenía antecedentes penales.

"Eso me derrumbó", dice.

El negocio de revisión de antecedentes está en auge; los patrones gastan al menos $2,000 millones al año investigando el pasado de los candidatos a empleo.

Pero es un sistema debilitado por la conversión a los archivos digitales y puesto en juego por muchas compañías privadas que se lucran acumulando registros públicos y vendiéndolos a los empleadores.

Estas fallas tienen consecuencias devastadoras. Las computadoras del sistema hurgan en los registros públicos judiciales de todo el país para hacer acopio de datos personales.

Pero no comprueban errores en la información que recogen, mismos que para el ojo humano serían obvios.

Este sistema puede mancillar reputaciones y, en estos tiempos de escaso empleo, quitan a los trabajadores honestos una oportunidad de volver a empezar.

Tal fue el resultado de una investigación de Associated Press que implicó un cotejo de miles de páginas de documentos judiciales y entrevistas con docenas de funcionarios de corte, proveedores de datos, abogados, víctimas y reguladores.

"Es un ámbito totalmente nuevo", dice Leonard Bennett, abogado de Virginia.

Hace dos décadas, si un condado quería actualizar el expediente penal de una persona, un empleado tenía que poner una hoja de papel en un archivo; y si alguien quería revisar el pasado delictivo de una persona, tenía que ir a una corte y explorar manualmente los archivos.

En la actualidad, la mitad de las cortes en Estados Unidos colocan los expedientes penales en sus sitios de internet públicos.

Se suponía que la digitalización agilizaría el acceso a los expedientes y hacerlos más fáciles de actualizar. Sin embargo, la automatización no distingue a seres humanos del mismo nombre.

Las equivocaciones pueden empezar con un error al ingresar datos a un documento oficial o judicial. Sin embargo, los más culpables son las compañías que compilan bases de datos de información pública.

En algunos casos sus fórmulas automáticas malinterpretan la información. En otros, como lo descubrió Casey, se asigna un expediente a otra persona del mismo nombre.

Algunas compañías de revisión de antecedentes dicen que los errores no siempre son culpa suya.

LexisNexis realiza más de 12 millones de revisiones al año y tiene más de 22,000 millones de registros públicos en sus propias computadoras.

LexisNexis alega que cualquier error en sus registros "proviene de precisiones en el material original, generalmente documentos públicos como expedientes judiciales".

La empresa afirma que menos del 1% de sus revisiones son cuestionadas, cifra que asciende a 120,000 personas, o la población de Topeka, Kan.