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Leyes se enfocan en la migración

ASSOCIATED PRESS | 12/31/2011, midnight

Varias leyes nuevas que entran en vigencia el 2012 reflejan las preocupaciones de los gobiernos estatales en materia de inmigración, presupuestos y la mejor manera de proteger a los jóvenes.

En Alabama, Georgia, South Carolina y Tennessee entrarán en vigencia nuevas leyes para reducir la inmigración ilegal.

Alabama, el estado con la ley más intransigente del país en cuanto a la inmigración ilegal, promulgará una disposición clave que obligará a todos los empleadores que hacen negocios con cualquier entidad del gobierno a que utilicen el sistema federal E-Verify para comprobar que todos los nuevos empleados están residiendo legalmente en Estados Unidos.

En Georgia entrará en vigencia una ley similar que requiere que cualquier empresa con 500 empleados o más use el E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de los recién contratados. El requisito se aplicará gradualmente, de manera que todos los negocios con más de 10 empleados quedarán incluidos en julio de 2013.

Sus partidarios dicen que la nueva ley disuadirá a los indocumentados de venir a Georgia, pero los detractores sostienen que se trata de un ámbito federal y que las porciones de la ley que ya se aplican están afectando a la propia Georgia.

Tennessee también obligará a las empresas a asegurarse de que sus empleados están autorizados legalmente a trabajar en Estados Unidos, pero eximirá a los empleadores con cinco trabajadores o menos, al permitirles pedir una copia de la licencia de conducir del nuevo empleado, en lugar de usar el sistema E-Verify.

Una ley de South Carolina obligará a los policías a preguntarle a sospechosos de delitos o a personas detenidas por infracciones de tránsito sobre su estatus migratorio. La ley está siendo impugnada por una demanda federal y un juez ha dicho que fallará el sábado sobre las partes de la ley que entrarán en vigor.

California también estrenará una ley sobre la inmigración ilegal, pero en sentido contrario: permitirá que aquellos estudiantes que ingresaron al país ilegalmente puedan recibir ayuda financiera privada en universidades públicas.

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