San Antonio — La elección primaria en Texas aún no tiene fecha. Lo que parecía como un acuerdo para resolver el tema de la redistritación electoral quedó en nada tras cumplirse el plazo judicial.

Una corte federal en San Antonio había emplazado que el estado y grupos minoritarios llegaran a un acuerdo el lunes o se postergaría una vez más la fecha tentativa del 3 de abril para las primarias republicanas.

La procuraduría de Texas parecía haber cumplido el plazo al anunciar un acuerdo con algunos grupos, pero el anuncio pronto fue descalificado por otras organizaciones afroamericanas e hispanas prominentes que denunciaron el acuerdo.

Además la corte pareció rechazar el acuerdo parcial cuando el juez federal Orlando García instó a que se continuaran las negociaciones hacia “un acuerdo general entre todas las partes”.

Ahora la fecha para las primarias de Texas otra vez está en duda.

Los republicanos temían que otra dilación impidiera a los electores texanos decidir qué candidato republicano buscará la presidencia en noviembre.

Voceros republicanos y demócratas habían dicho que las elecciones se podrían realizar el 17 de abril si no se llega a un acuerdo y la corte traza rápidamente unos mapas revisados.

Los grupos activistas demandaron al estado alegando que la Legislatura, bajo dominio republicano, ignoró el crecimiento de la población hispana del estado cuando modificó los distritos electorales.

El lunes, el procurador Greg Abbott había presentado con optimismo un plan tentativo.

Tenía el respaldo del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), uno de los grupos que demandó al estado.

Según esa propuesta, los hispanos controlarían dos de los cuatro nuevos escaños que se le concedieron a Texas en el Congreso luego del censo del 2010, que reflejaba el crecimiento de la población en la última década.

Pero aparte de Maldef y el representante federal demócrata Henry Cuéllar, la mayoría de los demandantes consideraron que la propuesta distaba mucho de ser justa.

Luis Vera, abogado de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, se mofó del acuerdo y acusó al estado de exagerar el número de demandantes que le dieron aval al convenio.

Vera dijo que las pláticas se habían estancado, y agregó: “No hay ningún acuerdo, y no hay nada de qué hablar”.

En un comunicado por escrito la tarde del lunes, Abbott no reconoció la orden del juez pero dijo que la fiscalía “ha trabajado con una amplia gama de grupos de interés para incorporar peticiones razonables de todas las partes” sin poner el juego la voluntad de la Legislatura de Texas.

Admitió que probablemente no se llevarían a cabo elecciones primarias el 17 de abril.

Nina Perales, abogada de Maldef, dijo que los mapas presentados por Abbott se acercaban mucho a lo que pedía su organización; pero la mayoría de los grupos que demandaron al estado negaron un acuerdo.

La Bancada Legislativa Mexicoamericana arguyó que de hecho el nuevo plan diluía la influencia de las minorías en algunas áreas.

Su presidente, el representante estatal demócrata Trey Martínez Fischer, dijo que los dos escaños hispanos en el Congreso se darían a condición de perder terreno en otros distritos que actualmente son dominados por los electores hispanos.

Si la corte rechaza el acuerdo, los jueces podrían dividir las primarias en dos: una para la carrera presidencial, y otra posterior para las elecciones del estado y el Congreso, que están sujetas a las demarcaciones definitivas.