La ley texana que permite a los estudiantes indocumentados pagar colegiatura como si fueran residentes legales estaría bajo mayor escrutinio a partir de este mes.

La ley admite a estos estudiantes bajo la premisa de que están en proceso de solicitar la residencia legal. Pero a las universidades no les pide que se aseguren de que esto sea verdad, así que no lo hacen.

Eso cambiaría bajo una propuesta que la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, la entidad que supervisa a las universidades del estado, analizará el 26 de enero.

Las universidades tendrían que recordarles a los estudiantes varias veces (cuando se inscriben, una vez cada año escolar y al graduarse) que tienen que legalizarse.

Tendrían que referirlos a una agencia federal para que reciban instrucciones sobre cómo legalizarse, y guardar los affidavits que los estudiantes firmaron prometiendo tramitar su legalidad hasta que estudiantes y ex estudiantes demuestren que ya lo hicieron.

Las facilidades en pago de colegiatura quedaron plasmadas en ley en el 2001. Desde entonces, el debate en Texas ha ido y venido sobre la necesidad de aplicar dicha ley o si debe ser anulada.

El tema fue objeto de atención nacional hace unos meses en la campaña del gobernador Rick Perry por la nominación presidencial republicana.

Algunos oponentes de Perry lo atacaron al equiparar su apoyo a los descuentos en colegiatura con una posición débil contra la inmigración ilegal.

“La naturaleza controversial de la campaña presidencial, y la atención que se le dio a este tema” fueron eventos determinantes, declaró Dominic Chávez, vocero de la Junta Coordinadora.

Eso motivó al organismo a buscar más garantías para contribuyentes, legisladores y otros de que los estudiantes que se benefician de las facilidades en colegiatura cumplen con su parte del pacto.

Perry ha dicho que las universidades deben hacer más por darle seguimiento a esos estudiantes.

“El gobernador Perry espera que la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas actúe en el mejor interés de los estudiantes, las familias y los contribuyentes a los que sirve, y él apoya esas reglas”, dijo la vocera del mandatario estatal Lucy Nashed esta semana.

Problemas centrales

Pero algunas personas dicen que las reglas propuestas no atacan problemas centrales. Cuáles son esos problemas depende del punto de vista de cada quien.

Para el senador estatal Brian Birdwell, republicano por Granbury, el problema es que Texas todavía da a inmigrantes indocumentados un descuento por miles de dólares cada año.

Las universidades de cuatro años del estado cobran a los residentes en Texas una colegiatura promedio de $7,200 mas cuotas, contra $17,000 que se cobran a los no residentes en el estado.

Los colegios comunitarios, en promedio, cobran a los residentes $1,400 y a los no residentes $4,850.

“Estas reglas que se han propuesto son un paso en la dirección correcta para aplicar la ley como está actualmente”, dijo Birdwell.

“Sin embargo, estas reglas no hacen nada para resolver el problema principal: que los no residentes están recibiendo descuentos injustamente en sus colegiaturas”.

El año pasado Birdwell patrocinó un proyecto de ley que hubiera puesto fin a los descuentos.

Para Karla Reséndiz, quien recibió el descuento en la Universidad de Texas en Austin, el problema es que existen pocas vías para la legalización.

“Cada día (en la universidad) era un recordatorio constante de mi condición de indocumentada. No tienen que recordarme”, dijo la estudiante que fue traída al país a los 12 años con una visa familiar que expiró.

Agregó que sus padres solicitaron su legalización desde 1998, pero la familia aún no recibe una resolución.

Activistas de la inmigración han pedido la promulgación de un proyecto de ley federal llamado Dream Act, que facilitaría a los jóvenes adquirir la ciudadanía si asisten a la universidad o se integran a las fuerzas armadas.

La iniciativa ha sido presentada varias veces en el Congreso, sin éxito.

¿Para dónde voltear?

En vez de que las universidades “refieran” a sus estudiantes a las agencias federales, deberían pedirles que consulten a un abogado, dijo Luis Figueroa, abogado del Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y la Educación.

Dijo que las opciones legales de los estudiantes varían dependiendo de sus propias circunstancias.

Las facilidades en colegiatura se ofrecen a los inmigrantes indocumentados que vivieron en Texas por al menos tres años consecutivos antes de graduarse de una preparatoria texana, y si se fueron después de graduarse de una preparatoria texana, deben haber vivido en el estado otra vez por al menos un año.

El número de inmigrantes indocumentados que reciben descuentos en colegiatura ha estado aumentando sostenidamente cada año, de unos 700 en 2002 a más de 16,000 en 2010.

La mayoría de esos jóvenes estudian en colegios comunitarios.

Entre las escuelas de cuatro años, el número va de más de 600 estudiantes en UT-Austin a sólo unos cuantos en instituciones como UT-Tyler, la Universidad de Lamar y la Universidad Sam Houston State.