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Centros de detención de EEUU ignoran justicia iraquí

05/20/2008

Por CHRIS TOMLINSON / Associated Press

Para la justicia iraquí, Yahya Ali Humadi es un hombre libre.

Para los militares estadounidenses, es un reo en traje amarillo, que permanece preso en el centro de detenciones Camp Bucca, al sur de Irak.

Un juez iraquí retiró todos los cargos que pesaban sobre Humadi y ordenó su excarcelación hace nueve meses. Humadi, no obstante, enfrenta las incertidumbres legales que padecen miles de iraquíes desde el 2003: los tribunales locales disponen su liberación, pero siguen detenidos por los ocupantes estadounidenses.

"No sé por qué el ejército estadounidense lo llevó ante un tribunal iraquí si pensaban retenerlo por tiempo indeterminado", afirmó el abogado de Humadi, Samiya al-Baghdadi.

Los estadounidenses, no obstante, no ven contradicción alguna. Sus jefes militares sostienen que el actual mandato internacional que tienen, y los códigos normales de guerra, les permiten detener a cualquier persona hasta que consideren que ya no representan una amenaza para sus fuerzas. Las leyes y los fallos de los jueces locales no cuentan.

Unos 3.000 iraquíes han experimentado esta dualidad: son exculpados por la justicia iraquí, pero permanecen detenidos por los estadounidenses. Esta situación marca una contradicción entre las políticas de los estadounidenses en el terreno y los llamados de Washington a que los iraquíes construyan instituciones cívicas con credibilidad.

Las diferencias podrían hacerse más marcadas pues las autoridades iraquíes trabajan en un programa de amnistía que es visto por la Casa Blanca como un paso importante hacia la reconciliación de sectores rivales.

La amnistía podría representar la liberación de muchos de los 27.000 presos en centros de detención iraquíes. Habrá que ver, no obstante, qué impacto tendrá en la situación de los 22.000 reos en poder de los estadounidenses, cuyos militares tendrán que decidir si aceptan o rechazan una iniciativa que es bien vista por su gobierno.

El caso de Humadi, quien ha sido acusado de atacar a fuerzas estadounidenses y de otros delitos, es un buen ejemplo de las incertidumbres que reinan en el ámbito legal, y que hacen que los iraquíes se pregunten por qué los dictámenes de la justicia local no son tenidos en cuenta por los estadounidenses.

"La negativa del ejército estadounidense a liberar a mi esposo indica que a los estadounidenses no les importa el sufrimiento de los iraquíes", dijo Sundis Nimaa, esposa de Humadi, entre sollozos.

"Han destrozado mi familia y separado a mis hijos de su padre", dijo la mujer, de 34 años, a la AP. "Piensan que pueden hacer lo que quieran porque son los que mandan en este país".

El abogado de Humadi, al-Baghdadi, dice que Washington no reconoce un sistema legal serio, que los estadounidenses mismos ayudaron a establecer.

"El juicio fue justo; el juez siguió los procedimientos legales y el fallo fue avalado incluso por un tribunal de apelaciones", manifestó al-Baghdadi.

Los militares estadounidenses no hablan de casos en particular, pero afirman que su actitud está avalada por una resolución de las Naciones Unidas por la cual el gobierno iraquí permite a los estadounidenses detener a quien quieran. Los abogados de Estados Unidos aseguran que esas detenciones respetan las leyes internacionales en tiempos de guerra.

Esas normas, insisten, procuran sacar del camino a potenciales amenazas, no determinar si los sospechosos son culpables o inocentes.

"Hay una gran cantidad (de presos) que son liberados luego de ser exonerados", dijo el mayor general Doug Stone, comandante de las operaciones de detención en Irak. "En algunos casos, y hablo de una cantidad muy reducida, disponemos de información sólida que nos impulsa a mantener detenida a una persona".

Agrupaciones defensoras de los derechos humanos dicen que Estados Unidos está aplicando mal las leyes internacionales, que indican que tiene que haber un proceso legal para mantener a alguien preso.

"Hay ciertas normas básicas relacionadas con los procesos que no están siendo respetadas", dijo Joseph Logan, investigador de la organización Human Rights Watch especializado en Irak.

Tras la caída de Saddam Hussein en el 2003, los estadounidenses ayudaron a reorganizar el sistema judicial iraquí y promovieron una ley de amnistía, que fue aprobada en febrero de este año. Los militares estadounidenses someten a los reos a la justicia iraquí regularmente si piensan que hay pruebas suficientes de su culpabilidad.

Pero no acatan necesariamente los fallos de esa justicia que ellos mismos contribuyeron a crear.

Soldados estadounidenses irrumpieron en la vivienda de Humadi en Bagdad en abril del 2007 y lo arrestaron. Fue acusado de posesión ilegal de armas y de atacar a las fuerzas estadounidenses. El abogado de Humadi dice que lo único que hallaron en la vivienda fue un rifle y destaca que la justicia iraquí permite a toda persona tener un rifle en su casa.

Los abogados militares estadounidenses presentaron suficiente evidencia como para convencer a un juez de que dispusiese un juicio. Pero tanto un tribunal de tres jueces como un panel de apelaciones dictaminaron en julio del 2007 que no había pruebas suficientes para condenar a Humadi.

La amnistía se perfila como otra prueba de fuego para la justicia iraquí.

Hasta ahora la única amnistía concedida por la justicia iraquí es la del fotógrafo de AP Bilal Hussein, liberado a comienzos de abril. Los estadounidenses, no obstante, dijeron que no se trataba de una amnistía.

Stone sostuvo que "la decisión de detener a alguien se basa en una evaluación de la amenaza que el individuo representa para la seguridad de Irak".

"Estas determinaciones seguirán siendo hechas caso por caso y al margen de cualquier posible amnistía", acotó.

El mayor Matthew Morgan, portavoz de Stone, dice que hay más de 400 casos de personas detenidas por Estados Unidos que podrían ser amnistiadas. Esos casos "están bajo estudio", señaló.

Comisiones gubernamentales iraquíes, en tanto, han concedido amnistías a 22.500 personas, según Abdul-Sattar Bayrkdar, del Consejo Judicial Superior iraquí. Pero no está claro cuántas de esas personas fueron liberadas realmente ya que muchas pueden tener más de un proceso pendiente.

Los estadounidenses aseguran que su proceder está amparado por la ley internacional. La autoridad que se atribuye el Pentágono, sin embargo, no es parte de la resolución de las Naciones Unidas, sino que figura en una carta adjunta del secretario de estado norteamericano de entonces Colin Powell.

Los expertos dicen que no es demasiado específica y se presta a distintas interpretaciones.

"Estados Unidos pasó mucho tiempo creando tribunales penales", dijo Logan, de Human Rights Watch. "Pero si van a ignorar los dictámenes de tribunales que disponen la excarcelación de personas, no hacen quedar muy bien a una institución en cuya creación tuvieron un papel importante".

Stone y sus colaboradores dicen que las leyes de tiempos de guerra toman prioridad sobre las normas que rigen los derechos humanos.

"Las condiciones en el terreno nos obligan a derogar temporalmente ciertos derechos para poder sentar las bases de una sociedad civil en la que se puedan implementar las leyes sobre derechos humanos", manifestó Stone.

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Los redactores de AP Sameer Yacoub y Bushra Juhi contribuyeron con este despacho.


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