Espa帽a est谩 recibiendo una inmigraci贸n menor que en el pasado y m谩s orientada a los trabajos especializados y calificados, inform贸 el gobierno el martes al dar a conocer las cifras de los primeros nueve meses del a帽o.
El gobierno interpret贸 el descenso del 30% en la entrada de inmigrantes indocumentados entre enero y septiembre como una nueva fase del fen贸meno migratorio.
La contrataci贸n de extranjeros en sus pa铆ses de origen para su entrada legal en Espa帽a se qued贸 en 15.000 personas, muy lejos de las 180.000 de 2008 o las 250.000 de hace dos a帽os.
"Espa帽a ha superado ya la etapa de acusado impacto inmigratorio, caracterizado por el acceso a nuestro pa铆s de cuatro millones de personas en poco m谩s de una d茅cada", dijo Consuelo Rum铆, secretaria de Estado de Inmigraci贸n y Emigraci贸n del Ministerio de Trabajo, en un desayuno informativo.
Rum铆 asegur贸 que el pa铆s ib茅rico est谩 atravesando una nueva etapa de transici贸n caracterizada por la ralentizaci贸n de la entrada de extranjeros y el progresivo cambio de perfil de los nuevos inmigrantes.
"Hemos pasado de una mano de obra identificada por su car谩cter intensivo y no necesariamente cualificada, hacia un tipo de inmigraci贸n que, sin abandonar completamente la demanda de trabajadores en sectores como la hosteler铆a o los servicios de proximidad, crecer谩 en su nivel de especializaci贸n y cualificaci贸n", asegur贸.
En Espa帽a residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la poblaci贸n, un colectivo que se ha visto muy castigado en los 煤ltimos dos a帽os por la recesi贸n econ贸mica y el colapso inmobiliario.
Si la tasa de desempleo en el pa铆s es del 17,9%, entre los extranjeros supera el 27,5%, seg煤n los 煤ltimos datos del Instituto Nacional de Estad铆stica.
Una de las consecuencias de la crisis econ贸mica fue la reforma de la ley de extranjer铆a, que previsiblemente ser谩 aprobada a finales de a帽o.
La nueva norma, muy criticada por asociaciones y colectivos sociales, contempla algunas ampliaciones de derechos, pero endurece los criterios para la reagrupaci贸n familiar y ampl铆a el periodo de retenci贸n de inmigrantes indocumentados de 40 a 60 d铆as en los llamados centros de internamiento.
"El Gobierno cree que estos centros deben existir y lo que va a hacer es reforzar sus garant铆as", asegur贸.
Rum铆 insisti贸 en que la ley impulsada por el gobierno socialista defiende la igualdad en los derechos y obligaciones y respeta las normas b谩sicas de convivencia e integraci贸n.
