Allentown, Pennsylvania — Un juez federal anuló el jueves las leyes contra la inmigración ilegal que habían sido aprobadas en el poblado de Hazleton, Pensilvania.

Las leyes, promulgadas por el alcalde republicano del poblado, impedían alquilar apartamentos a inmigrantes indocumentados y les prohibían a las empresas contratarlos. Otra norma obligaba a todo inquilino a registrarse con la municipalidad y pagar un permiso especial.

Las leyes fueron promulgadas el año pasado luego que dos inmigrantes ilegales fueron procesados por una balacera que resultó mortal.

Pero el juez federal James Munley las declaró inconstitucionales el jueves y las anuló basándose en evidencias y testimonios de un juicio de nueve días realizado en marzo. Se da por descontado que el municipio apelará el fallo.

El alcalde republicano Lou Barletta dijo al promulgar la normativa que los inmigrantes indocumentados trajeron drogas, delitos y pandillas a esta ciudad de más de 30,000 habitantes.

Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a las autoridades, al considerar que las normativas usurpaban el poder exclusivo del gobierno nacional de regular la inmigración, le quitaba a los residentes sus derechos constitucionales de protección equitativa y del debido proceso, y violaban las leyes estatales y federales sobre la vivienda.

Los inmigrantes hispanos comenzaron a llegar masivamente a Hazleton hace varios años, atraídos por el acceso a vivienda de bajo costo, la baja tasa de delincuencia y la disponibilidad de trabajo en fábricas y granjas de las inmediaciones.

La ciudad, que se encuentra a unos 129 kilómetros (80 millas) de Filadelfia, estima que su población se incrementó en más de 10,000 habitantes entre el 2000 y el 2006. De acuerdo con algunos testimonios, la población de inmigrantes ilegales ascendería a entre 1,500 y 3,400 personas.

Las medidas de Hazleton fueron copiadas por decenas de municipalidades de todo el país que creen que el gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para frenar la inmigración ilegal. El fallo de Munley no afecta a esas normativas.