La Haya, Holanda – El máximo tribunal de la ONU ordenó ayer a Estados Unidos que haga todo lo posible por detener la ejecución de cinco mexicanos presos en Texas hasta que se revisen sus casos.
La cancillería mexicana confió que Estados Unidos cumplirá la determinación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"La Secretaría de Relaciones Exteriores hace votos por el debido cumplimiento de las medidas provisionales teniendo en cuenta su naturaleza jurídica vinculante", señaló la dependencia en un comunicado.
Sin embargo, las órdenes de la CIJ, si bien suponen una "obligación internacional" para el gobierno de Washington, "no tienen un efecto legal y técnico (...) sobre estados federados como en este caso el de Texas", explicó John Bellinger, representante estadounidense ante la Corte de La Haya.
Robert Black, portavoz del gobernador de Texas Rick Perry, aseguró que el estado llevará a cabo la ejecución de los cinco reos pese a la decisión de la corte.
"Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero", afirmó Black, que señaló que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la CIJ.
En audiencias el mes pasado, México argumentó que Estados Unidos desobedece una orden de la corte del 2004, de revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte por tribunales estatales.
Ese fallo se basaba en que las autoridades le negaron a los condenados el derecho de recibir ayuda de su consulado en el momento de sus arrestos.
Cuando se dio la orden de proceder con las ejecuciones a pesar del fallo, México recurrió nuevamente a la corte y pidió a los jueces que emitieran una orden de emergencia para suspenderlas.
La corte aceptó ayer estudiar el caso mexicano para impedir la ejecución inminente de los reos.
"Sin duda, hay urgencia", dijo la presidenta de la corte, Rosalyn Higgins.
La magistrada añadió que las autoridades estadounidenses deben "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que (los cinco mexicanos) no sean ejecutados mientras se emite juicio sobre el pedido de interpretación".
El fallo fue emitido cuando faltan menos de tres semanas para que el primero de los presos condenados a muerte, José Medellín, sea ejecutado mediante inyección letal en Texas, bajo cargos de participar hace 15 años en la violación tumultuaria y asesinato de dos mujeres adolescentes.
Los otros cuatro mexicanos en el corredor de la muerte a los que beneficia la medida de la CIJ son Roberto Moreno Ramos, César Roberto Fierro, Rubén Ramírez y Alberto Real García.