Una inmigrante que buscó refugio en Estados Unidos para huir de la violencia de pandillas relacionada con la muerte de su esposo en El Salvador no será deportada a esa nación centroamericana con sus tres hijos, tal como temía la familia, informó ayer su abogado.

Ana Medrano, de 47 años, y sus tres hijos: Kenia, de 18, Yeslin, de 13 y Jeffrey, de 9, sufrieron incertidumbre sobre su futuro durante más de un año porque el gobierno estadounidense tradicionalmente no otorga asilo a personas que huyen de la violencia de los delincuentes.

Su esposo, José Arturo Medrano, fue asesinado a tiros unos meses después de ser deportado el año pasado. El abogado de la familia, Fernando Dubove, argumentó que el asesinato demostró que la familia estaba en peligro y que las autoridades debían autorizarles permanecer en Estados Unidos, aun cuando ellos no pudieran calificar para obtener asilo.

Los Medrano, que se enteraron ayer que podrán quedarse en Estados Unidos, pero bajo supervisión, eran una familia de clase media en la localidad salvadoreña de San Miguel en el 2006 cuando comenzaron sus problemas.

Ana Medrano comentó que fue maestra de primaria durante más de 20 años, su esposo dirigía una pequeña granja lechera familiar y los niños asistían a la escuela.

No tenían intenciones de emigrar a Estados Unidos, comentó Ana Medrano, hasta que hombres armados y vestidos de negro dispararon contra su casa una noche y huyeron a toda velocidad.

Al parecer los pistoleros eran miembros de una pandilla que se dedicaba a cobrar "impuestos" a los propietarios de ganado.

Las balas rompieron una ventana, se incrustaron en la puerta y en otras partes de la casa pero nadie resultó herido, de acuerdo con documentos en torno al caso.

Los agentes federales no respondieron a las llamadas esa noche porque nadie resultó muerto. La policía local no llegó hasta el día siguiente, y aunque tomaron el reporte, los Medrano se sintieron desprotegidos. La familia se fue unas tres semanas después a Estados Unidos en un intento por reunirse con sus parientes en el Norte de Texas.

"Ya no podíamos vivir en la casa", dijo Ana Medrano. "Los niños quedaron sicológicamente dañados. Cuando veían un carro acercarse se asustaban mucho".

"Sabíamos que no teníamos los documentos legales, pero para salvar las vidas de nuestros hijos, haríamos cualquier cosa", agregó Ana Medrano.

Por ello el matrimonio Medrano intentó cruzar la frontera desde Reynosa, México, en noviembre del 2006, pero fueron sorprendidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen y fueron arrestados.

Después de 18 días, Ana Medrano y sus hijos fueron dejados en libertad y en manos de familiares de su esposo que viven en Estados Unidos y que pagaron una fianza.

José Medrano quedó detenido y fue deportado en febrero del 2007. Fue asesinado el día de su cumpleaños, el 2 de junio, cuando conducía para visitar a algunos familiares y aminoró el paso en una barricada colocada sobre el camino.

"Se trata básicamente de matones que cumplieron sus amenazas", indicó Dubove.

Aún después de los asesinatos, el caso de la familia no podía considerarse para asilo.

Las personas que buscan asilo primero deben llegar a Estados Unidos para solicitarlo. Una vez aquí, las personas tienen que comprobar que fueron víctimas de la persecución debido a su raza, religión, grupo étnico, opinión política, nacionalidad o membresía a un grupo social.

"Es muy difícil argumentar la violencia de pandillas como definición legal para obtener asilo", dijo Michelle Brane, de la Comisión para Mujeres y Niños Refugiados Además de la clara evidencia de persecución y temor, las personas que solicitan asilo deben mostrar que su gobierno no puede o no desea protegerlos, refirió Brane. "El asilo no es una victoria fácil", dijo.

Por ahora, la familia tiene permiso de permanecer en Estados Unidos bajo supervisión. El estatus es parecido a la libertad condicional, requiere que se reporten con las autoridades de inmigración y les autoriza la solicitud de permisos para trabajar en el país, dijo Dubove.

Ellos están programados para reunirse con las autoridades de inmigración para hablar de su caso, pero no es muy claro cuánto tiempo les permitirán quedarse en Estados Unidos.

Garay escribe para Associated Press.