La red que tendió la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) el mes pasado en contra de trabajadores indocumentados en las plantas procesadoras de pollo Pilgrim's Pride atrapó a tres personas que nunca debieron pisar un centro de detención: dos ciudadanos estadounidenses y un residente legal.
Uno de los ciudadanos es un adolescente que nació en San Diego pero creció en México. La otra es una joven que, según su hermana, quedó traumatizada porque los agentes de ICE irrumpieron en su vivienda y se la llevaron presa en piyamas. El residente legal tiene un nombre parecido al de un ladrón de identidad.
Aparte de trabajar en la planta de pollo de Mount Pleasant, Texas, y verse apresados sorpresivamente por un grupo de agentes federales armados, lo único que tienen en común estas personas es que son latinos y su inglés no es perfecto.
ICE sostiene que estas situaciones durante redadas masivas el operativo resultó en la detención de casi 50 personas en Mount Pleasant y más de 300 en todo el país son raras.
Pero grupos de derechos civiles y abogados sostienen que más ciudadanos y residentes legales podrían verse en esta situación a medida que el gobierno federal refuerce la aplicación de leyes migratorias. Las personas de apariencia latina están propensas a que los agentes no les crean que tengan derecho a estar en el país y los hagan pasar amargos momentos.
"Veo situaciones en casi todas las redadas en que ciudadanos estadounidenses son confrontados por agentes federales que no les creen declaraciones sobre su ciudadanía estadounidense", dijo Pete Schey, abogado especialista en derechos civiles con sede en Los Ángeles.
Matt Yarbrough, abogado y ex fiscal federal, dijo que las "confusiones" ocurridas durante el operativo contra trabajadores de Pilgrim's Pride generan inquietudes sobre posibles abusos de autoridad.
"Hay uso razonable (de autoridad) y hay agresividad excesiva", dijo Yarbrough, que estuvo al frente de operativos de inmigración en contra de empleados de los restaurantes Pappas en los 90. "Eso, a un juzgado, le podría parecer excesivo y a final de cuentas el gobierno podría pagar las consecuencias de apresar falsamente a alguien".
Las posibilidades de detenciones de residentes legales y ciudadanos podrían incrementarse a medida que aumentan los operativos de inmigración.
El pasado año fiscal, el gobierno federal detuvo a 5,000 personas por estar en el país ilegalmente. Eso representa un aumento del 1,000 por ciento sobre el 2003. Otras 30,000 personas fueron detenidas bajo el programa de ubicación de fugitivos, el cual consiste en localizar a personas que han recibido órdenes de deportación y no se han presentado ante las autoridades para ser repatriados.
Al menos dos demandas se han presentado ante juzgados federales argumentando la detención de ciudadanos estadounidenses o residentes legales en redadas de ICE. Las demandas nombran a 122 afectados.
Pandemonio en Mount Pleasant
El 16 de abril, Juan Manuel Carrillo, de 18 años y empleado de Pilgrim's Pride en Mount Pleasant, trató en vano de explicarle a los agentes de ICE que entraron a su hogar para detenerlo que él es ciudadano estadounidense.
"Les dije que nací en San Diego, y me dijeron que no me creían", dijo Carrillo.
Marco Antonio Carrillo, el hermano de Juan Manuel, afirma que él le mostró a los agentes el pasaporte de su familiar, pero ellos le respondieron que era falso y le exigieron que les dijera dónde lo compró.
Xóchitl Delgado, de 19 años, fue otra de las personas detenida por agentes de ICE ese día. La tarde siguiente, fue liberada.
Griselda Delgado, hermana de Xóchitl, dijo que la adolescente sigue traumatizada por el incidente.
"Llora cada que se acuerda de eso", dijo Griselda. "Antes de que se lleven a una persona, deberían investigar si de verdad no tiene documentos".
Jesús García tiene 27 años y es residente legal permanente. También él insistió ante los agentes que sí tiene derecho para estar en el país, pero no le creyeron. Se lo llevaron detenido y no lo soltaron hasta el día siguiente.
García ya dejó su trabajo con Pilgrim's Pride y consiguió un abogado.
Todos los cargos contra García, Carrillo y Delgado han sido retirados, confirmó Alan Jackson, fiscal federal asistente en Tyler. Los tres fueron arrestados porque el gobierno creía que utilizaban números de Seguro Social falsos.
Solís escribe para The Dallas Morning News.
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