El caso de una mujer de Carrollton que podría ser deportada ha generado preguntas entre familiares, abogados y activistas sobre la inusual colaboración entre una empresa privada y las autoridades de la ciudad para arrestarla.
Según un affidávit del condado de Denton, María Martínez, de 40 años, presentó una tarjeta de seguro social falsa cuando solicitó trabajo a mediados de julio en un restaurante Luby's dentro del hospital Trinity Medical Center, ubicado en 4343 Josey Lane.
El documento indica que Martínez "tenía una cita a las 10:30 a.m." del 23 de julio con el departamento de recursos humanos del hospital y cuando acudió fue arrestada por dos detectives de la policía de Carrollton.
Gabriela Martínez, la hija de María, dijo que el hospital engañó a su madre y colaboró con las autoridades de la ciudad para detenerla.
Gabriela dijo que inicialmente el hospital le comunicó a su madre que no la contratarían por haber presentado documentos falsos. Sin embargo, el departamento de recursos humanos la citó al día siguiente para ofrecerle la vacante, asegurándole que los documentos ya no serían necesarios. Gabriela dijo que los detectives esperaban a Martínez cuando llegó al lugar.
"Un hospital, en mi punto de vista, tiene que tener moral, antes que todo. Es la primera vez que oigo que un hospital ayuda para deportar una persona", dijo.
Susan Watson, del departamento de relaciones públicas del hospital, dijo no poder discutir la solicitud de empleo de Martínez sin su consentimiento, pero aseguró que este era un caso criminal que no tenía nada que ver con el estatus migratorio de Martínez.
"Tuvo que ver con la obligación de reportar un crimen", dijo. "Nuestros asesores legales no tuvieron ningún problema con la manera en la que se manejó (la situación), así que sólo puedo asumir que hicimos lo correcto".
Bajo la ley, los hospitales no pueden contratar empleados indocumentados, pero tampoco se les requiere que notifiquen a las autoridades. Texas Health Resources Inc., la cadena de hospitales más grande en el Norte de Texas y dueña del Hospital Presbiteriano de Dallas, aseguró que no va más allá de negar empleo a indocumentados.
"Hacemos lo que se requiere legalmente de nosotros", dijo la portavoz de la empresa Reace Alvarenga-Smith.
Robert Behrens, portavoz de Parkland Health & Hospital, dijo que, hasta donde él sabe, su hospital nunca ha notificado a las autoridades sobre trabajadores indocumentados buscando empleo con su compañía. Agregó que el hospital sólo pide documentación que pruebe permiso para trabajar en el país y no tiene ninguna política sobre cómo lidiar con los inmigrantes indocumentados que solicitan trabajo.
Denise Gilman, profesora de ley migratoria en la Universidad de Texas en Austin, opinó que la decisión de la empresa de denunciar a una persona a las autoridades con base en una revisión de antecedentes fue una acción apresurada.
Gilman aseguró que las bases de datos que estas compañías usan no son a prueba de errores y puede haber muchas razones por las que un número de seguro social no concuerde con el nombre de una persona.
"No he escuchado que algo así haya ocurrido antes... Teóricamente, no es ilegal que un empleador llame a la policía, pero simplemente pienso que es una mala decisión dado que no tiene la suficiente información para asumir que una persona de hecho ha cometido una ofensa criminal. Y ciertamente no están bajo ninguna obligación (de hacerlo)", dijo.
Un grupo de alrededor de 20 activistas, abogados, empresarios y miembros de la iglesia hispanos que exigen la liberación de Martínez convocará a una marcha el 23 de agosto en Carrollton para repudiar su arresto y exigir que se detengan las deportaciones relacionadas a ofensas de trafico menores y crímenes no violentos.
"Vamos a hacer todo lo posible para sacarla", dijo el activista Carlos Quintanilla. "Este caso es tan importante para nosotros porque no queremos que se convierta en un precedente para cualquier compañía que quiera levantar el teléfono para reportar inmigrantes indocumentados y llamar a la policía, cuando ni siquiera es su responsabilidad hacerlo".
Martínez, originaria de Guadalajara y también madre de un niño de tres años, actualmente se encuentra detenida en la cárcel del condado de Denton por disposición de las autoridades migratorias y enfrenta cargos criminales por falsificar documentos gubernamentales. De ser encontrada culpable, Martínez podría enfrentar entre dos y 20 años de prisión antes de ser deportada.
Jason Roberson, reportero de The Dallas Morning News colaboro en este reporte
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