Reynosa, México — José Antonio Barboza y su cuñado se dirigían a casa la madrugada del sábado después de divertirse toda la noche, cuando unos hombres armados y con pasamontañas los rociaron con balas. Uno resultó herido y el otro murió.

Un incidente como este normalmente no es noticia en Reynosa, una ciudad plagada de violencia por el narcotráfico.

ERICH SCHLEGEL/DMN

José Antonio Barboza aún tiene una bala debajo de su piel después de que soldados mexicanos con pasamontañas comenzaron a disparar en Reynosa.

El problema es que Barboza y su amigo Sergio Meza Varela, el occiso, no eran narcotraficantes, según la policía y grupos defensores de los derechos humanos. Tampoco lo eran sus agresores.

Los homicidas: soldados del ejército mexicano encargados de proteger a la ciudadanía contra la violencia de los narcotraficantes.

A medida que la presencia de las fuerzas armadas se ha incrementado en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, el promedio de quejas por violación de derechos humanos — contando acusaciones de tortura, violación y homicidio — se ha triplicado en los últimos dos años.

"Unos ocho soldados empezaron a disparar", relató Barboza al recordar el incidente ocurrido a un par de millas del puente internacional que conduce a Hidalgo, Texas. "Oí que nos rodearon y que uno dijo, "están muertos, ¡vámonos de aquí!"".

Meza, muerto en el lugar de los hechos, tenía 32 años.

Incidentes similares, especialmente en ciudades donde los cárteles de la droga tienen centros de operación y a donde han sido enviados miles de soldados, han hecho a muchos mexicanos preguntarse si el remedio no salió peor que la enfermedad.

Asimismo, los estadounidenses están evitando el lado mexicano de la frontera, donde los visitantes son recibidos por tanques, vehículos Humvee y jóvenes soldados armados con ametralladoras, según autoridades de turismo.

"Me preocupa por las muchachas, porque los soldados podrían entrar a la casa y violarlas, y como traen pasamontañas sería imposible identificarlos", dijo la hermana de Varela, Esmeralda Meza, de 33 años.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha estado cooperando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enjuiciando y tomando acciones disciplinarias contra los soldados infractores.

Sin embargo, la Defensa, una institución generalmente muy discreta, también ha dicho que algunas protestas contra los militares están siendo financiadas por los cárteles de la droga, lo cual es desmentido por los grupos defensores de los derechos humanos.

En una declaración emitida el mes pasado, la secretaría de la Defensa declaró que, de acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel de Juárez planeaba vestir de soldados a elementos suyos, pintar vehículos de verde militar y agredir a la población civil con la intención de desacreditar al ejército.

En entrevista, el presidente Felipe Calderón defendió el uso de las fuerzas armadas para combatir a los grupos del narcotráfico que han matado a más de 300 agentes de policía en el último año.

"El objetivo es mantener el estado de derecho", dijo Calderón. "Si tengo que usar el Ejército y la Armada, lo haré. Es una prioridad de mi gobierno: la vida de los ciudadanos y la seguridad de las familias".

Cuando se le preguntó cuándo regresarían los soldados a sus cuarteles, dijo: "Estamos preparando una nueva policía federal. Estamos reclutando en las universidades cada mes" y capacitando a los nuevos elementos por al menos un año.

Con Escepticismo

El titular de la comisión de los derechos humanos, José Luis Soberanes, condenó los abusos cometidos durante la incursión en abril del Ejército en Ciudad Juárez, y la negativa del Ejército a permitir cualquier contacto con los prisioneros detenidos en instalaciones militares.

"Es inadmisible que por accidente, falta de preparación o pereza ciudadanos comunes sean perjudicados... por indignos actos criminales característicos de soldados indisciplinados y no militares profesionales", afirmó el funcionario.

Soldados bajo la influencia de los mismos enervantes que se supone están combatiendo han tratado de hacer parecer como culpables a sus víctimas inocentes, manifestó Susana Thalía Pedroza, encargada de la comisión para atender quejas contra elementos de las fuerzas armadas.

La funcionaria dijo que las quejas contra las fuerzas armadas se incrementaron de 199 en 2006 a 384 un año después, casi al doble. Este año han estado aumentando a un ritmo más rápido, con más de 200 casos registrados hasta mediados de abril.

Aunque la policía ha sido acusada de tortura desde hace mucho tiempo, "ahora los que torturan son los soldados", dijo Pedroza, y agregó que la comisión ha documentado casos en que a las víctimas se les clava astillas bajo las uñas o son sometidos a ahogamiento simulado en cubetas de agua.

Los analistas dicen que la guerra contra las drogas empeorará antes que mejorar.

"Si (el uso del ejército) se mide en el número de capos capturados o eliminados, la estrategia ha sido un éxito", dijo. "Si se mide en el volumen de narcóticos que ha entrado a Estados Unidos, el resultado no es tan bueno.

"Y si añadimos la enorme violencia que se ha generado -solamente contra los narcotraficantes sino contra los ciudadanos-, la estrategia es cuestionable", dijo Eric Olson, ex miembro de la Organización de Estados Americanos.

"Y si añadimos la enorme violencia que se ha generado - solamente contra los narcotraficantes sino contra los ciudadanos-, la estrategia es cuestionable".