Ciudad de México – Un alto funcionario del departamento de Estado dijo ayer que Estados Unidos desea vincular parte de un paquete de ayuda antidrogas por 1,500 millones de dólares con el desempeño de México en materia de otorgamiento de extradiciones. El tema es delicado en un país donde algunos temen que el plan de ayuda amenace la soberanía nacional.

David T. Johnson, director de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Cumplimiento de la Ley del departamento de Estado, dijo que el gobierno de Estados Unidos querría evaluar si un aumento de la ayuda técnica y del adiestramiento de la policía mexicana podría derivar en mayor número de procesos que permitan la extradición de los condenados.

El poder judicial mexicano controla las extradiciones, no el presidente, la policía, o los fiscales.

MARIO VÁZQUEZ DE LA TORRE/AP

Soldados del ejército mexicano se desplazan en Valle de Bravo, a 90 millas al oeste de Ciudad de México, luego de un fuego cruzado con presuntos narcotraficantes el martes. Un funcionario estadounidense reveló que EU desea incluir un programa de extradiciones como parte del paquete de ayuda a la guerra antidrogas en México conocido como la Iniciativa Mérida.

"En general, la confiscación (de drogas) y las extradiciones, podrían representar un conjunto de medidas, así como el nivel de la cotización y la pureza (de la droga) en Estados Unidos" podría representar otro, dijo Johnson a corresponsales extranjeros. "Ignoro si esas son las únicas cosas que debemos analizar".

Johnson se reunió con funcionarios mexicanos para discutir formas de medir el desempeño bajo el programa de asistencia antidrogas.

Johnson también indicó que Centroamérica, una región que se ha convertido en años recientes en una importante ruta de la cocaína enviada hacia Estados Unidos, sólo recibirá una décima parte de los 550 millones ya pedidos por el presidente George W. Bush al Congreso como parte del programa. Hasta ahora, el Congreso estadounidense no ha debatido el proyecto, conocido como Iniciativa Mérida. Según Johnson, en años próximos, las naciones centroamericanas recibirían una mayor porción del dinero pautado en el programa.

La discusión del paquete antidrogas se da en momentos en que el ejército ha tomado el control de retenes policiales en estados del norte del país y limítrofes con Texas.

Al respecto, el Defensor del Pueblo de México, José Luis Soberanes, exigió al gobierno que prepare una "hoja de ruta" para una pronta retirada del ejército.

"Es indispensable que se anuncie a la brevedad posible una hoja de ruta con un calendario claro, detallando qué acciones concatenadas se harán para regresar el Ejército a los cuarteles", sostuvo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsman mexicano, quien ayer presentó el informe anual de la CNDH ante legisladores mexicanos, aclaró que no es partidario de un inmediato abandono de los militares de las zonas rurales porque ello dejaría a millones de mexicanos indefensos, sobre todo en las zonas rurales y que el crimen organizado viera al Estado como un tigre de papel.

También recomendó que dicha acción sea "paulatina, prudente y cautelosa" con el objetivo de "evitar nuevas violaciones a los derechos humanos de la población civil y preservar el orgullo" que los mexicanos sienten por la institución castrense.

En su intervención en el Legislativo, Soberanes recordó que el Ejército cometió "gravísimos" abusos a los derechos humanos el año pasado, cuando fueron documentadas torturas, violaciones a mujeres y homicidios de civiles en retenes montados contra el crimen organizado.

No obstante, señaló que la Secretaría de Defensa Nacional se ha tomado en serio esos abusos ocurridos y trabaja para "investigar y castigar" a sus responsables.

Además condenó las siete muertes de inmigrantes indocumentados mexicanos en el 2007 presuntamente a manos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

"Ellos ya no tienen voz para protestar. Yo, como Defensor del Pueblo, asumo su representación y quiero, aquí y ahora, desde la máxima tribuna de este país, denunciar estos crímenes execrables que hasta ahora han quedado en la total impunidad", apuntó Soberanes ante congresistas de su país.