Ciudad de México – La Suprema Corte declaró ayer constitucional una norma por la que en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, un fallo criticado por grupos civiles y la iglesia católica que se declaró en luto.
En una votación que la mayoría ya había anticipado, la validez de la norma fue avalada por ocho de los 11 ministros de la Corte, en un fallo que abre la posibilidad para que en otros estados se presenten iniciativas de ley similares.
"La resolución de la Suprema Corte no penaliza ni despenaliza el aborto, no es facultad de este tribunal constitucional establecer los delitos ni las penas", dijo el ministro Guillermo Ortiz, presidente del máximo tribunal al término de la cuarta y última sesión en que se abordó el tema.
"Hemos determinado únicamente la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo y en este caso en particular hemos participado en una definición de trascendencia nacional", añadió.
La norma declarada constitucional y en vigor desde abril del 2007 despenaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, dijo que hasta la fecha unas 12,700 mujeres han interrumpido su embarazo en los 14 hospitales y una clínica en que se práctica el procedimiento. Dijo que la mayoría de médicos rehúsan practicar abortos, pero los 40 médicos que lo hacen han sido suficientes para atender la demanda.
En los otros 31 estados del país aún es castigado el aborto y sólo se excluye de penalidad en algunos casos como cuando el embarazo sea resultado de una violación, el feto presente alteraciones congénitas que impliquen daños físicos o mentales, o cuando la madre corra peligro.
La ministra Margarita Luna, una de las que votó a favor de la norma, dijo en W Radio que si bien es un fallo sobre una ley local, "al final es un criterio que puede normar la actuación de otras legislaturas".
El alcalde capitalino Marcelo Ebrard consideró que el fallo "es un triunfo de la razón sobre los prejuicios, una parte oscurantista que todavía hay en nuestra sociedad".
Jorge Serrano, director de la organización antiabortista Pro-Vida, calificó la decisión como "la más grande traición al derecho a la vida". Advirtió que "esta tragedia" podría extenderse a otros estados del país.
Grupos en defensa de derechos sexuales y reproductivos elogiaron el fallo. Rafaella Schiavon, del grupo IPAS, dijo que la medida "abre el camino para que en toda América Latina se visualice la posibilidad de cambios legales en cuanto al aborto".
La Arquidiócesis de México anunció que haría sonar las campanas de la Catedral en la capital "con tañidos de luto por los millones de niños que serán sacrificados ante el 'amparo' de la ley de los hombres, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su voto resolutivo" en torno al aborto.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) plantearon que la despenalización del aborto era inconstitucional por atentar contra el derecho a la vida –a su juicio garantizado en la carta magna– y que la ALDF no tenía facultades para legislar al respecto.
El análisis en la Corte partió de un proyecto postulado por uno de sus ministros, en el cual consideró la despenalización como ilegal porque la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte.
Varios ministros refutaron el proyecto y señalaron que el derecho a la vida no está expresamente garantizado en la carta magna.
"Reafirmo mi convicción de que la Constitución no consagra textualmente el derecho a la vida mas sí la explicita (expresa) interpretándola como condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos", dijo el jueves el ministro Salvador Aguirre, el ponente del proyecto.
Además de despenalizar la interrupción de la gestación, las reformas redujeron la pena de prisión, que era de uno a tres años, a entre tres y seis meses para las mujeres que aborten después del plazo fijado en la capital.
La Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde 1997, es apenas el cuarto lugar de América Latina y el Caribe donde se permite la interrupción del embarazo, después de Cuba, Guayana y Puerto Rico.
Publicidad
