El gobierno mexicano está dando a sus consulados en Estados Unidos una extraordinaria libertad, en términos de retórica y dinero, para defender a los inmigrantes.

CHERYL DIAZ MEYER/DMN

Enrique Hubbard Urrea (centro), cónsul de México en Dallas, se ha involucrado en la defensa de la comunidad inmigrante de Dallas ante el riesgo de deportaciones y violaciones a los derechos civiles que enfrentan sus connacionales en el Norte de Texas. El gobierno mexicano planea ampliar el papel de sus cónsules en la defensa de los inmigrantes.

La medida se debe al aumento en deportaciones y de acciones enérgicas contra los indocumentados como no se había visto en décadas, según fuentes familiarizadas con la estrategia diplomática mexicana.

Entre las medidas que discute México está la creación de una liga antidifamación; aumento en el presupuesto de los 47 consulados, especialmente en regiones como el Norte de Texas donde la migración mexicana ha crecido rápido y es numerosa; y una campaña publicitaria dirigida a responder a ataques de grupos que se oponen a la inmigración, tanto legal como ilegal.

Los esfuerzos del gobierno se realizan a través de líderes claves de una red de inmigrantes mexicanos organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y su Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

Oficiales del gobierno dieron pocos detalles adicionales, pero dijeron que el plan cubrirá a 11 millones de sus connacionales, de los cuales la mitad vive en "situaciones migratorias irregulares".

Estas medidas reflejan la tensión de las relaciones México-Estados Unidos y la situación de ansiedad en la que viven muchos mexicanos en Estados Unidos.

"Está garantizado que esto va a tener repercusiones adversas", dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración (CIS). "Quizá sientan que si quieren lograr una amnistía, lo tienen que intentar".

Krikorian dijo estar sorprendido por la estrategia, ya que el actual embajador de México en Estados Unidos, Arturo Saru-khán, es cauteloso con sus palabras.

Jean Towell, presidente de la agrupación Citizens for Immigration Reform (Ciudadanos por la Reforma Migratoria), calificó a este movimiento de "arrogante", argumentando que el gobierno mexicano debería responsabilizarse por sus ciudadanos.

"Pienso que son de lo más arrogantes en pensar que tienen el derecho de intervenir en nuestros asuntos", dijo Towell. "Ellos nos han dicho antes que está mal meternos en asuntos de México. Están perdiendo capital humano. Sería mejor si proporcionaran los incentivos adecuados para mantener a su gente allá. No hay que echarle mucho cerebro", agregó.

Cerca de dos docenas de líderes inmigrantes con base en Estados Unidos, incluyendo algunos del Norte de Texas, volaron a la Ciudad de México recientemente para reunirse con altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación para discutir la estrategia.

Mario Ramírez, inmigrante y empresario mexicano de Dallas, dijo que su lealtad a Estados Unidos como ciudadano naturalizado es cuestionada.

Pero "como descendientes de mexicanos y como ciudadanos de Estados Unidos, sentimos que es nuestra responsabilidad crear puentes de comprensión debido a que el sentimiento antimexicano en los Estados Unidos está causándonos mucho daño a ambos países", expresó. Él estuvo en la reunión.

Funcionarios de Relaciones Exteriores citaron a reunión como parte de una "estrategia" del presidente Felipe Calderón para "reforzar los consulados y las comunicaciones con las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes".

La diplomacia callada ha fallado, dijeron los que asistieron a la reunión en la Ciudad de México. Como evidencia señalaron lo que ellos denominan un debate migratorio "venenoso" y el fracaso de la legislación que revisaría las leyes de inmigración.

Dijeron también que una defensa vigorosa de los inmigrantes, con el tiempo, puede devolver la política a la mesa de negociación.

"Nuestra lucha ya no será por debajo de la mesa", dijo uno de los oficiales mexicanos, que accedió a hablar a condición del anonimato. "Nos han forzado a cambiar nuestra estrategia".

La reunión se realizó en la Ciudad de México el 15 de septiembre, al comienzo de las festividades del Día de la Independencia de ese país.

La tensión creada por la falla del Congreso de revisar las reglas quebrantadas de inmigración de este país es evidente en ciudades a lo largo de la nación, en las que los gobiernos locales y estatales están tomando la iniciativa de abordar los problemas creados por la inmigración indocumentada.

Un total de 41 estados incluyendo Texas, han hecho más estrictos los requerimientos para obtener licencias de manejar, lo que coloca un torniquete a los inmigrantes indocumentados en conseguir lo que muchos trabajadores consideran un documento invaluable. Numerosas comunidades han autorizado leyes para eliminar los sitios de los jornaleros. Y otros como Farmers Branch, adoptaron medidas estrictas para rentar vivienda a indocumentados.

Las preocupaciones no cesan, ya que el rencor aumenta y los nervios están de punta en algunas comunidades.

En Irving, un lugar donde una de tres personas es nacida en el extranjero, las deportaciones se han disparado a unas 300 al mes, desde que la policía comenzó una interacción más rigurosa con las autoridades federales de inmigración hace un año.

Cuando el cónsul de México, Enrique Hubbard Urrea, escuchó los reportes de que la policía había estado pidiéndole a la gente demostrar su estatus migratorio, el ex embajador pasó la voz a la comunidad inmigrante de que no pasaran por Irving.

Las protestas comenzaron en la comunidad, seguidas de expresiones de los residentes contra la inmigración indocumentada.

Algunos se preocupan que la tensión se trasmine a un espectro más amplio de la comunidad latina, en la que muchos han tenido ciudadanía estadounidense durante generaciones.

"Todos nos parecemos", dice Elizabeth Villafranca, una ciudadana nacida en Estados Unidos que ha estado activa en la lucha contra la situación por la vivienda en Farmers Branch. "No puedes decir quién es legal y quién no, está de miedo".

Corchado y Solís escriben para The Dallas Morning News.