Uruapan, Michoacán – Antonio González insiste en que no tiene idea de por qué figuró entre 12 alcaldes arrestados el año pasado en una redada sin precedentes de funcionarios públicos elegidos acusados de proteger al narcotráfico.
En los ocho meses que pasó en la cárcel, afirma, los investigadores le dijeron que una vez almorzó con un individuo que según ellos era miembro de un cártel.
Ahora, González y otros seis alcaldes recuperaron la libertad por falta de pruebas, algo que coloca en situación incómoda al gobierno de Felipe Calderón, quien había prometido que ningún político estaría inmune en la guerra contra el tráfico de drogas.
"Tiene que ser un error garrafal", pensaba González en la prisión de alta seguridad donde estuvo detenido. Incluso trató de mantener el estado físico para correr un maratón e improvisó una pantalonera con una funda de almohada para no empapar de sudor el uniforme carcelario.
"Siempre pensé que en las próximas horas o los próximos días iba a salir de esta pesadilla", manifestó durante una entrevista en su casa de Uruapan, ciudad al oeste del país rodeada de plantaciones de aguacate.
González, quien pertenece al Partido Acción Nacional de Calderón, fue uno de los primeros alcaldes arrestados en una sorprendente operación en mayo del 2008 en Michoacán, de donde es el presidente.
El estado ha sido escenario de una batalla entre el cártel del Golfo y el de La Familia.
La Familia eligió a Uruapan para hacer una de sus primeras muestras de brutalidad, arrojando las cabezas de cinco individuos en un baile en el 2006. La ciudad ha sido presa de la violencia, incluido el secuestro en agosto del 2008 de una alta funcionaria del gobierno de González, Maribel Martínez, de quien no se ha vuelto a saber nada.
Algunos sectores cuestionaron el que se hayan hecho las redadas a un mes de las elecciones legislativas. Dicen que Calderón trató de distraer la atención para que el electorado no se enfocase en la tambaleante economía y la creciente violencia relacionada con el narcotráfico, que ha cobrado más de 15,000 vidas desde que asumió Calderón, declarándole la guerra a los cárteles.
El gobernador de Michoacán Leonel Godoy exigió al gobierno que se disculpe con los alcaldes.
El secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont se niega y recalca que los alcaldes siguen siendo investigados. Señala que el hecho de que un juez haya dispuesto su liberación no quiere decir que son inocentes.
Los problemas para enjuiciar a los alcaldes reflejan lo difícil que resulta demostrar la complicidad de funcionarios públicos con los traficantes, según George Grayson, profesor del College of William & Mary de Virginia, Estados Unidos, que ha escrito sobre los cárteles mexicanos.
"Fue un llamado de atención a toda la clase política. Lamentablemente, les salió el tiro por la culata", manifestó Grayson. Si uno de los alcaldes es culpable, añadió, "quedaría demostrada la impunidad de la clase política. Es algo alevoso".
La Procuraduría General no ha dado detalles de las pruebas que había contra los alcaldes ni ha dicho por qué se derrumbaron los casos contra siete de ellos. Tres alcaldes fueron liberados poco después de ser detenidos y los otros cuatro, entre ellos González, fueron excarcelados el 30 de enero.
González declaró que mientras estuvo preso, constantemente le preguntaban por la funcionaria secuestrada y le decían que él era cómplice. Afirmó que uno de los interrogadores le había dicho que le habían grabado todas sus conversaciones telefónicas durante seis meses.
El alcalde afirma que esperaba que le mostrasen alguna prueba, pero nunca lo hicieron. Cuando fue finalmente encausado, la acusación decía que una vez había almorzado con un miembro del cártel llamado Gómez. González asegura que no tiene idea de quién es esa persona.
Cuando un juez federal dispuso su liberación, la legislatura estatal de Michoacán votó a favor de que reanudase sus funciones como alcalde.
Un centenar de opositores tomaron el palacio municipal y han hecho que el gobierno funcione desde otros edificios, e incluso desde un mercado.
Han pegado carteles preguntando dónde se encuentra Martínez y acusando a las autoridades locales de robarse millones de dólares mediante contratos falsos. Esa acusación tiene el respaldo de la mujer que reemplazó a González mientras éste estuvo preso.
González, quien es dueño de una concesionaria de Xerox, niega haber cometido irregularidad alguna o haber tenido contactos con delincuentes.
Un testigo declaró que en Michoacán nadie puede ser elegido a un cargo público sin ayuda de los cárteles, según González.
"Yo te aseguro que ése no es mi caso, no es una regla", expresó el alcalde.México
