Ciudad de México – La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene en detención preventiva a un comandante y a un agente de la policía del estado sureño de Oaxaca para investigar su posible participación en la presunta detención y desaparición de dos supuestos guerrilleros.
En momentos que se mantiene abierta la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y el grupo rebelde al que pertenecen los desaparecidos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la procuraduría también ha citado a declarar en los últimos días a otros funcionarios judiciales de Oaxaca, dijo el viernes un funcionario de la dependencia federal no autorizado a ser citado por tratarse de indagatorias en curso.
No reveló el número de funcionarios que han declarado y sólo dijo que uno de ellos fue Eduardo Romero Ruiz, director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Oaxaca.
Un vocero de la Procuraduría de Oaxaca, Noel Cruz, sólo dijo que el asunto lo deberá resolver la PGR, pero que la dependencia estatal está dispuesta a colaborar con las autoridades federales.
Los dos miembros el EPR habrían sido detenidos en Oaxaca, a unas 218 millas al sureste de la Ciudad de México.
El grupo guerrillero, que apareció públicamente en 1996, denunció hace varios meses que en mayo del 2007 fueron detenidos y desaparecidos dos de sus miembros, a los que ha identificado como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Luego de considerar que el gobierno no había hecho nada para aclarar su paradero, el EPR inició una serie de atentados en el 2007 contra ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un cambio de actitud, el EPR solicitó el 24 de abril a algunos intelectuales, abogados e incluso un sacerdote a conformar una comisión de intermediación para dialogar con el gobierno, algo que aceptaron. El grupo guerrillero dijo que mientras dure la mediación no realizará ninguna acción armada.
El gobierno federal respondió esta semana al EPR y aceptó dialogar, siempre que se abstenga de efectuar nuevos ataques y que las pláticas no se reduzcan al tema de los dos desaparecidos.
Las autoridades tampoco aceptaron una de las exigencias del grupo, para que el gobierno interrumpa todas las investigaciones o persecución de los insurgentes.
Para el analista en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Piñeyro, el que la PGR esté investigando la desaparición de los presuntos rebeldes mandaría una señal de que el gobierno estaría dispuesto a aclarar el caso, en momentos que un diálogo le conviene mucho al gobierno federal.
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