Ante la indignación que se ha levantado en México contra la imparable ola de secuestros, especialmente a raíz del asesinato del joven Fernando Martí, la clase política ha reaccionado como de costumbre: con declaraciones que, más que resolver el problema, sólo buscan impactar a la sociedad.
El primero en saltar a la palestra fue el presidente Calderón, que pidió que se apruebe la cadena perpetua contra los secuestradores que hayan sido policías y que asesinen, mutilen o maltraten a sus víctimas. El diputado priista Emilio Gamboa fue más allá y propuso que se implemente la pena capital para quienes incurran en este delito.
Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, anunció que desaparecerá la Policía Judicial para crear una institución enfocada en investigar los crímenes y propuso dar recompensas a quienes den datos que permitan capturar a los plagiarios.
Otros legisladores, como la perredista Ruth Zavaleta y el panista Santiago Creel, han hecho llamados para que las fuerzas políticas hagan un pacto contra la delincuencia.
La lista de propuestas para combatir el crimen organizado es tan larga que abruma y, por lo mismo, genera desconfianza, pues tal parece que se trata solamente de una competencia por ver quién tiene más ideas, aunque no sean las más pensadas.
En el caso de las propuestas para implementar castigos más severos a los plagiarios, por ejemplo, uno se pregunta qué caso tiene incrementar las penas si el problema principal es que las autoridades no capturan a los delincuentes.
Las estadísticas oficiales indican que 98 por ciento de los crímenes que se cometen en México quedan impunes por diversas razones que van desde el hecho de que sólo se denuncia el 10 por ciento de los delitos por temor a la policía hasta la corrupción y complicidad de autoridades con criminales.
Por lo que toca a la idea de Ebrard de desaparecer la Policía Judicial para crear una corporación investigativa, surge también la duda de si se tratará sólo de un cambio de nombre o si de verdad será posible que de la noche a la mañana los policías se transformen en investigadores incorruptibles.
La sociedad, mientras tanto, ya no se conforma con esperar a ver qué harán las autoridades. Para el 30 de agosto se ha anunciado una gran marcha con el fin de exigir un alto al crimen y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha convocado a la creación de un frente contra ese flagelo.
Por su parte, el empresario Alejandro Martí, padre de Fernando, dijo que creará una fundación en memoria de su hijo "para que haya menos impunidad, menos Fernandos y más justicia".
Las palabras del empresario, pronunciadas mientras se enjugaba las lágrimas durante la misa fúnebre de su hijo, sintetizan lo que la mayoría de los mexicanos quieren: un país donde reinen la paz y la justicia, no el hampa.
Ojalá las autoridades sepan escuchar este reclamo y se unan para trabajar en una estrategia integral contra la inseguridad, antes que la delincuencia termine por rebasarlas y la sociedad empiece a actuar por su cuenta.
Arredondo escribe para La Opinión de Los Ángeles.
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