En México la justicia está lejos de ser ciega. No es, como se acostumbra a representarla en los tribunales, una dama con los ojos vendados, símbolo de imparcialidad.
En México la justicia tiene los ojos bien abiertos y actúa guiada por la conveniencia de quienes tienen poder.
La desgracia ocurrida el 20 de junio en la discoteca New's Divine – en la que perdieron la vida 12 personas, entre ellas nueve jóvenes – es una buena muestra del oportunismo político que prevalece en el sistema judicial mexicano.
Durante los días que siguieron a la tragedia, provocada por un operativo policiaco mal planeado, así como por la corrupción que impera entre las autoridades de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, movió todo su aparato político para dar la apariencia de que los responsables no quedarían impunes.
Sin embargo, las investigaciones apuntaron sólo a Guillermo Zayas, el mando policiaco a cargo del operativo, como el único culpable de las muertes. Ante las críticas de la opinión pública que no han cesado de exigir que se castigue a todos los responsables, incluyendo altos funcionarios, Ebrard decidió aceptar las renuncias del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y del procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas.
Ebrard anunció también que creará un organismo independiente para otorgar los permisos que se conceden a centros de entretenimiento. Esta medida busca erradicar la corrupción que permite el funcionamiento de antros inseguros como el New's Divine. Anunció, asimismo, que reestructurará la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que en el futuro se repitan los hechos lamentables que se registraron en esa discoteca.
Los planes de Ebrard no terminan aquí. El jefe del gobierno capitalino aseguró que se indemnizará con dinero a los familiares de las víctimas y que en el sitio donde ocurrió la tragedia –así como en otros vecindarios marginales de la ciudad– se construirán centros para dar atención y oportunidades sanas de esparcimiento a los jóvenes.
Cualquiera podría pensar que, conmovido por la magnitud de la tragedia, al jefe de Gobierno lo motiva sólo el deseo de hacer justicia. Pero quienes conocen sus ambiciones, saben que, ante todo, Ebrard es un político de carrera que actúa impulsado primordialmente por su deseo de llegar a Los Pinos.
Después de lo ocurrido, Ebrard tiene claro que para cumplir su meta no bastará con golpes efectistas como remover a los vendedores ambulantes del centro histórico, poner en funcionamiento un tranvía eléctrico o incluso crear una especie de Venecia en la ciudad. Ahora tendrá que demostrar que es un paladín de la justicia, que respeta los derechos humanos de los pobres y que está dispuesto a castigar, incluso penalmente, a funcionarios culpables de delitos graves, aunque sólo sea para lavar su imagen.
Arredondo escribe para La Opinión de Los Ángeles.
