Durante años, el gobierno mexicano se ha desgañitado defendiendo los derechos de sus indocumentados en EU, exigiendo a las autoridades que respeten su dignidad y que dejen de tratarlos como si fueran criminales.
Con frecuencia, sin embargo, al gobierno mexicano se le ha recriminado, con sobrada razón, que esta política que pide para sus ciudadanos no la aplique a los inmigrantes sin papeles que se atreven a cruzar por su territorio. Miles de personas, sobre todo jóvenes centroamericanos que sueñan con llegar a Estados Unidos, han sufrido en carne propia la pesadilla que representa caer en manos de traficantes, pandilleros y autoridades corruptas que los roban y maltratan aprovechándose de su vulnerabilidad.
Hace unos días se dio un importante paso en esta dirección al entrar en vigor la nueva Ley General de Población que suprime las penas de cárcel para los indocumentados. Anteriormente la ley estipulaba que se debería castigar con dos años de prisión a las personas que por primera vez entraban ilegalmente a México y con 10 años a los reincidentes. Si bien esta legislación rara vez se implementaba, sí se prestaba a numerosos abusos y chantajes.
A partir de ahora la ley indica que la infracción de entrar sin documentos a México se sancionará con multas que van de los 20 a los 500 días de salario mínimo.
Esta acción está lejos de ser la ideal. Pero al menos muestra un deseo del gobierno de ser consecuente con los argumentos que esgrime para defender a los mexicanos indocumentados en EU.
Entre las medidas que habría que implementar para terminar con los abusos que sufren los indocumentados en México está, en primer lugar, la de ofrecer capacitación a los agentes y policías migratorios.
Falta, asimismo, terminar con la cultura de la impunidad y establecer penas severas para quienes incurran en los delitos de abusar de los migrantes. Si el gobierno mexicano desea realmente limpiar su imagen y tener autoridad moral a la hora de defender a los indocumentados de este lado, está obligado a hacer esos cambios.
Arredondo escribe para La Opinión.
