La mayor parte de la droga que circula en nuestras calles y en nuestras escuelas viene de –o a través de– México y Centroamérica. Dallas-Forth Worth es un punto de ingreso y distribución importante para los cárteles del narcotráfico.

Más de 540 toneladas de marihuana, 28,000 libras de cocaína, y cientos de libras de metanfetaminas y heroína fueron incautadas en Texas en el 2007.

El reto de hacer frente al narcotráfico es enorme y en nosotros recae parte de la responsabilidad.

Estoy convencido de que por la salud y seguridad de los estadounidenses que viven y trabajan cerca de la frontera es crucial que Estados Unidos apoye la renovada campaña de nuestros socios en México y Centroamérica contra el narco.

La clave para aumentar el apoyo de Estados Unidos en el 2008 es la aprobación por parte del Congreso de la Iniciativa Mérida.

En mi condición de embajador de Estados Unidos en México, durante los últimos cinco años he visto cómo el narcotráfico y el poder financiero que inyecta al crimen organizado se han convertido en la amenaza más grande para la seguridad y prosperidad de los mexicanos.

La violencia criminal y el poder corruptor del comercio ilícito internacional de drogas se han convertido también en una amenaza para las comunidades estadounidenses, especialmente las que están ubicadas a lo largo de la frontera.

Las valerosas acciones del gobierno del presidente Felipe Calderón han arrojado resultados históricos en el combate a las organizaciones de narcotraficantes.

México hizo aseguramientos históricos de estupefacientes, armas y dinero en el 2007, reduciendo con ello el suministro de enervantes a las ciudades estadounidenses.

Asimismo fue histórico el número de arrestos y extradiciones de capos de la droga a Estados Unidos.

Tales acciones tuvieron un precio. De los 2,500 mexicanos muertos en la narcoviolencia el año pasado, cientos eran agentes de policía, soldados y funcionarios locales que se alzaron en defensa de sus comunidades contra los cárteles.

El confrontar estos desafíos no es una tarea exclusiva de México.

Corporaciones federales estadounidenses como la DEA, la ATF y dependencias del Departamento de Seguridad Nacional como Aduanas, Patrulla Fronteriza e Inmigración y Aduanas trabajan estrechamente con las autoridades mexicanas para detener el flujo de armas y dinero que dan poder de fuego al crimen organizado.

Aunque hemos obtenido logros importantes en reducir el consumo de droga en Estados Unidos, nuestra demanda continúa alimentando el narcotráfico y la violencia que éste provoca.

Debemos hacer más para vencer esta amenaza. El año pasado, en respuesta a una petición directa del presidente Felipe Calderón, el presidente Bush reconoció nuestra responsabilidad compartida al solicitar el paquete inicial de 550 millones de dólares para la Iniciativa Mérida.

Si es aprobada por el Congreso, la Iniciativa Mérida dará a las fuerzas de seguridad mexicanas las ventajas materiales y técnicas que necesitan para combatir a los criminales.

La iniciativa contempla equipo de inspección y equipos caninos para detectar droga en vehículos y cargamentos; tecnología de comunicaciones para intercambiar información; capacitación para la policía; asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil; y apoyo para mejorar la administración de la justicia y el estado de derecho.

Estas son las herramientas que las autoridades estadounidenses usan de este lado de la frontera.

Al compartir pautas y desarrollar procedimientos comunes con nuestra contraparte en el sur, podremos trabajar en cooperación más estrecha para hacer frente a la amenaza que presentan los grupos del crimen organizado que operan a través de las fronteras.

La Iniciativa Mérida no es un cheque en blanco. Será aplicada en coordinación con nuestras embajadas en la región y corporaciones policiales estadounidenses. Tampoco es un esfuerzo desproporcionado: México está gastando miles de millones de dólares propios en su lucha contra el narcotráfico.

Nuestras comunidades en ambos lados de la frontera están pagando un alto precio al circular la droga en las escuelas y caer víctimas inocentes de la violencia.

Nuestros amigos y vecinos en México y América Central también están pagando un alto precio en cuanto a que el crimen organizado toma represalias contra las fuerzas del orden al incrementar éstas su presión.

Aprobar la Iniciativa Mérida hará mucho por cumplir con nuestra responsabilidad de apoyar a nuestros socios en la región en su combate frontal a las organizaciones criminales en México y América Central.

Antonio O. Garza es embajador de Estados Unidos en México. Su dirección electrónica es EmbajadorGarza@state.gov