Hace como un mes me sorprendí al abrir el periódico y encontrar un artículo de opinión escrito por Alberto Gonzales, el defenestrado ex procurador general.
Gonzales hablaba de esas cosas lindas que siempre se dicen sobre nuestro poder político y lo interesante de la influencia que vamos a tener en esta elección presidencial, etc.
Me conmovió ver a nuestro honorable ex procurador, el hijo de campesinos –y por eso muy aupado por nuestras organizaciones nacionales latinas– decir tantas lindezas sobre "nuestra gente". Sobre todo cuando nos dejó tan mal parados con su desempeño como procurador, de donde salió hace un año en medio de un escándalo.
Recordarán, supongo, que el Departamento de Justicia que él dirigía estaba tan politizado que no contrataba ni a los porteros sin asegurarse que el candidato fuera republicano –especialmente fiel a Bush-Cheney– , antiaborto, y por supuesto, nada homosexual.
No estoy jugando ni inventando nada. Según la investigación llevada a cabo por el Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), los encargados de "filtrar" a los designados a ciertos puestos clave utilizaban ciertos términos para investigar a estas personas en internet.
Entre estos términos estaban no sólo "republicano", "Bush-Cheney" y "aborto", sino "homosexual". Es como para morirse de la risa si no fuera tan trágico. E ilegal.
Resulta que es una violación de la ley federal el usar criterios políticos para seleccionar a funcionarios a ocupar puestos de carrera.
Hasta ahora, no hay cargos contra él ni contra los subalternos que aparentemente implementaron un sistema de contratación para llenar los puestos de carrera del Departamento de Justicia con leales al partido y a los líderes, sin importar si servían para el cargo.
Pero ahora resulta que no sólo se usaba este sistema para escoger a fiscales federales, sino también, a jueces de inmigración.
En el 2003, cuando John Ashcroft era procurador, se cambió la forma en que se contrataban jueces de inmigración, que es un cargo de carrera.
A partir de ese cambio y durante los próximos casi tres años, los jueces de inmigración se contrataron por recomendación directa de republicanos importantes.
Listas de personas calificadas para los cargos se quedaban esperando, según el reporte, mientras los encargados de la contratación recogían nombres recomendados por políticos y grupos republicanos, y los revisaban para asegurar que eran buenos cristianos, buenos republicanos y buenos conservadores.
El tenderete se les cayó cuando una persona que sí estaba calificada, una hispana abogada de inmigración y asesora legal del ICE en El Paso, demandó al departamento porque a pesar de estar interesada y capacitada para un nombramiento, no sólo no se lo dieron a ella, sino a un subordinado de ella, uno de los dedazos de arriba.
Entonces se implementó un congelamiento de contrataciones y poco después, se volvió al antiguo sistema.
Es un alivio saber que los jueces de inmigración que se están contratando ahora, ya vuelven a ser personas capacitadas en las leyes.
Lo malo es que en el tiempo que duró esta designación por dedazo, se contrató a 72 jueces, muchos de los cuales estarán ahora disponiendo de las vidas de los inmigrantes y de separaciones familiares, con la política migratoria del gobierno de turno en mente, y no con la ley.
Marrero escribe para La Opinión de Los Ángeles.
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