Históricamente, las autoridades en México no tienen ni el hábito ni la inclinación de considerar a la opinión de la sociedad a la hora de asumir sus decisiones. Y esta actitud se vio refrendada por la realidad: dado a que nunca ha existido una sociedad civil activa y exigente, fuera de pequeños y coyunturales movimientos, la autoridad podía ignorar o considerar reclamos emanados de la sociedad con relativa displicencia y autoritarismo.
A pesar de ello, aseguran, discursivamente, interpretar y representar fielmente las necesidades del pueblo.
Fue en torno a la transición política que vivió México que se empezó a escuchar la demanda de que se tomara el pulso y la opinión de la "sociedad" antes de tomar decisiones sobre los grandes temas nacionales. De esto se empezó a hablar hace menos de 10 años.
Pero, a decir la verdad, el abismo existente entre la clase política reinante (de todos los colores) y los reclamos de la sociedad civil es de gran calado.
Por ello hubo tanta molestia en la reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública hacia los reclamos que vertiera Alejandro Martí, al recomendar la renuncia de todo funcionario que no estuviera a la altura de las exigencias para asegurar la gobernabilidad y la paz del país.
Detrás de esas palabras se oculta una verdad siniestra: la sociedad desconfía de sus autoridades e, incluso, estima que una parte de ellas son cómplices de la delincuencia que azota a México.
El banquero y empresario Alfredo Harp Helú, otra famosa víctima de un secuestro, lo había dicho antes y lo reitera: nada cambiará si no existe (o si se niega a reconocer) una activa participación de la sociedad en la articulación de demandas y el cumplimiento de la autoridad. El fracaso del Estado mexicano ha sido demoledor, y que la sociedad perciba impunidad, corrupción y complicidad de autoridades panistas, perredistas y priístas con facetas de la delincuencia no podría desmoralizar más a la comunidad. Lo dicho por Martí caló hondo y molestó. No creo que esa haya sido su intención. Pero el público ahí reunido no podría ser menos tolerante: ante el agobio de problemas aparentemente sin solución, las autoridades reaccionan con sordera.
Sin la sociedad como acompañante solidario, las autoridades no podrán derrotar al problema de seguridad nacional número uno: la delincuencia. Si el Estado quiere derrotar esta amenaza, tendrá que escuchar la voz de la sociedad y actuar en consecuencia. Si no lo hace, el Estado y la delincuencia organizada se fundirán en un solo cuerpo, irreconocible para los mexicanos, y se propinará una gran derrota de nuestra cultura y sociedad. Y puede suceder.
Pascoe es analista político y escribe para El Universal de la Ciudad de México.
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