Seattle — La ampliación de los operativos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Washington ha causado fricciones con organizaciones de agricultores y pone de manifiesto las contradicciones entre la lucha contra los indocumentados y la dependencia de esa mano de obra en las tareas agrícolas.

La Oficina de Agricultura de Washington, que representa miles de granjeros del estado, ha criticado los controles de carretera que la agencia ha emplazado en varios condados, incluidos algunos cerca de zonas agrícolas. Los granjeros dicen que ya tienen bastantes problemas contratando trabajadores y que los operativos de la Patrulla Fronteriza podrían disuadir a otros de incorporarse a las tareas en zonas rurales.

La industria agrícola en Washington, que incluye desde el cultivo de manzanas hasta frambuesas, y que recauda anualmente miles de millones de dólares, depende de decenas de miles de trabajadores temporales. Se presume que muchos de ellos no tienen papeles y que en ocasiones usan documentos falsos para obtener trabajo.

“Estamos descontentos con los agentes federales”, dijo Dan Fazio, director de servicios al empleador de la Oficina de Agricultura de Washington. “Creemos que esos controles de carreteras violan la constitución”.

La Patrulla Fronteriza señala que la ampliación de sus operativos le permite asegurar la frontera norte. Eso incluye detener a indocumentados, atrapar a narcotraficantes y proteger al país del terrorismo.

En 1999, agentes de aduana en Port Angeles arrestaron a Ahmed Ressam, un argelino, que llevaba explosivos en el baúl de su automóvil alquilado, cuando salió de un transbordador procedente de la Columbia Británica, Canadá. Luego fue condenado por intentar atacar con explosivos el aeropuerto internacional de Los Angeles, alrededor del 1 de enero del 2000.

La Patrulla Fronteriza ha arrestado a unas 90 personas, la vasta mayoría inmigrantes ilegales, desde que comenzó a erigir a comienzos de año puestos de control en varias carreteras estatales de Washington y en zonas de embarque de transbordadores.

Muchos miembros de la Oficina de Agricultura de Washington se han quejado de la falta de trabajadores disponibles debido al incremento de la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo Fazio.

“La existencia de esos puestos de control está asustando a los trabajadores”, señaló por su parte Erik Nicholson, director del sindicato United Farmworkers of America en la región noroccidental del Pacífico. Esos rumores, añadió Nicholson, “están afectando a personas que ayudan a la marcha de la economía”.

La Patrulla Fronteriza también ha emplazado puestos de control en otros estados del norte, como Vermont, Nueva York y Maine, dijo Jaime Castillo, vocero de la agencia en Washington, Distrito de Columbia.

Parte de la estrategia es “defensiva”, y el propósito es que los puestos de control permitan la captura de cualquier indocumentado que pase la primera línea de agentes, señaló Michael Bermúdez, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de Blaine.

La agencia acrecentó su presencia en la frontera norte de Estados Unidos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, añadiendo otros 1,100 agentes, cuatro veces más que los existentes en el área antes de los atentados.

Tanto los puestos de control como la vigilancia de los embarques de transbordadores en Anacortes, en el condado de Skagit, han despertado críticas de varios grupos de defensa de los derechos civiles. También se han realizado pequeñas demostraciones en Port Angeles y Forks, dos poblaciones de la península de Washington donde ha crecido la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Creo que hay un componente económico, pero también un componente de derechos civiles”, señaló Nicholson.

Funcionarios del estado acordaron en fecha reciente examinar los datos de potenciales trabajadores agrícolas para determinar si sus documentos están en regla, antes de remitirlos al programa federal de obreros invitados. La acción fue acordada luego que el gobierno federal amenazó con reducir en varios millones de dólares el financiamiento del programa.

Sin embargo, funcionarios estatales todavía no usan un sistema de verificación federal para confirmar si los documentos de los trabajadores agrícolas son válidos.

“Estamos de acuerdo en que hay que sancionar una reforma de la ley de inmigración”, dijo Fazio. “Sabemos que se necesita una mano de obra legal. Pero no creemos que los puestos de control sean la manera de lograr ese objetivo”.