Washington – Varias ciudades texanas y grupos empresariales demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que suspenda la construcción de un muro en su frontera con México.

El grupo Texas Border Coalition, que incluye a los alcaldes de Eagle Pass, Brownsville, El Paso, Laredo e Hidalgo, sometió la demanda ante una corte federal el viernes en Washington, exigiendo al juez que impida la edificación de 70 millas de bardas y cercados en el Valle de Río Grande.

La petición busca ser considerada demanda colectiva y acusa al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Michael Chertoff y a funcionarios de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de no informar a los propietarios de tierras que tienen el derecho de negociar el precio por el uso federal de sus terrenos. También los acusa por ocultar la manera en que dictaminan el precio por las tierras confiscadas para la barda y por dar favoritismo a terratenientes acaudalados y con buenas conexiones.

Chertoff negó las acusaciones y dijo que la oficina que dirige se acercó a los propietarios locales en un esfuerzo de cumplimiento con el mandato del Congreso, que es asegurar la frontera sur.

Lo que no hemos hecho, dijo, es dar a todos el derecho a impedir que se hagan las cosas. "Si alguien dice que prefiere una frontera abierta no necesariamente les damos el derecho de tomar esa decisión porque las consecuencias de eso son el tráfico humano y de drogas".

Chad Foster, alcalde de Eagle Pass y director de la coalición, dijo que el Departamento de Chertoff, presionado para construir un muro, ha ignorado medidas menos dañinas y más prácticas para asegurar la frontera con México.

Foster, seguido por el alcalde de Brownsville, Pat Ahumada y el alcalde de Laredo Raúl Salinas, dijo que los intentos de construir barreras físicas a lo largo del Río Grande derivaron en "el uso de una solución anticuada a un problema del siglo 21".

Peter Schey, abogado de la Border Coalition, agregó que Seguridad Nacional atemorizó y "timó" a cientos de propietarios de tierras para que firmaran y cedieran sus derechos de propiedad para erigir el muro, "pisoteando los derechos de las municipalidades y propietarios locales en un intento para cercar la frontera".

La demanda pide al juez que invalide los tratados de tierras existentes.

Chertoff dijo que está más que feliz de colaborar con las comunidades locales y encontrar soluciones alternativas.

"Pero al final del día, la responsabilidad de proteger al país contra el tráfico humano y de drogas es prioridad", refirió. "El Congreso dejó claro su deseo de concluir con esto".

Ahumada, de Brownsville, dijo que el DHS prestó oídos sordos a las inquietudes locales, en un esfuerzo para erigir el muro y "tranquilizar a la clase media estadounidense" mientras el Congreso fracasó al actuar por una reforma migratoria.

Salinas, una agente del FBI jubilada, dijo que erigir un muro en Laredo sería "una gran ridiculez".

"Si construyes un muro, ¿qué mensaje das? Volteas la espalda a tus amigos", dijo. "Es el muro de la vergüenza".

La vocera de Seguridad Nacional, Laura Keehner dijo que el Departamento no tenía la intención de retractarse.

"No es secreto que la construcción de esa barda es parte clave de nuestros esfuerzos en la frontera", dijo en un comunicado. "Hemos hecho hasta lo imposible por colaborar con los propietarios de tierras. Las denuncias que lo contradicen están mal sustentadas o simplemente son erradas", concluyó.

McKenna escribe para The Dallas Morning News.